Por Carlos Leal
Vivimos un momento peligroso para la libertad en México. Bajo el pretexto de “inclusión”, “respeto” y “no discriminación”, el gobierno de izquierda progre ha impulsado una serie de normas que buscan silenciar a quienes pensamos diferente. Lo que antes se debatía con argumentos, ahora se persigue con denuncias, multas e incluso cárcel.
Quien dude que esto ya está pasando, basta con ver tres ejemplos recientes y personales.
Primero, el caso del COPRED de Nuevo León (Consejo para Prevenir la Discriminación en el estado), que intentó censurarme por expresar mi postura en defensa de la familia y en contra de la ideología de género. Mi opinión, protegida por la Constitución, fue calificada como discurso de odio, solo por disentir de la narrativa oficial. ¿Desde cuándo opinar distinto se volvió delito?
Segundo, en Puebla, el Congreso local aprobó el nuevo artículo 480 del Código Penal, que castiga con hasta tres años de prisión a quien “insulte u ofenda en redes sociales”. Es decir, el gobierno decidirá qué se puede decir en internet y qué no, criminalizando el desacuerdo bajo el pretexto de “cibersedición”. Una ley vaga, subjetiva y peligrosamente abierta a abusos contra periodistas, opositores y ciudadanos críticos.
Tercer caso: la llamada Ley de Violencia Política de Género, que, en entidades como Nuevo León, se ha convertido en un instrumento para prohibir la crítica a mujeres políticas, incluso cuando es legítima. Basta con que una funcionaria diga sentirse agredida para que se te persiga judicialmente por cuestionar su gestión o señalar su incompetencia. No es igualdad, es blindaje ideológico.
Esta red de leyes y organismos no protege derechos. Protege intereses. Lo que está en juego no es el respeto, sino el control del discurso público. Se trata de imponer una verdad oficial obligatoria, en la que toda crítica es “odio”, toda disidencia es “violencia”, y toda diferencia de pensamiento es censurable.
Quieren un país donde solo se pueda hablar si repites el guión progresista, donde los medios, las redes y el debate estén vigilados por comités morales al servicio del poder. Y lo más grave es que lo están logrando, mientras muchos permanecen en silencio por miedo a las consecuencias legales o mediáticas.
No podemos permitirlo. Hoy es el COPRED de Nuevo León, mañana será tu opinión. Hoy es Puebla, mañana es todo el país. Hoy es por “ofender”, mañana será por no aplaudir.
La libertad de expresión no es un privilegio del que gobierna, es un derecho que protege a todos. Y si no alzamos la voz ahora, cuando queramos hacerlo podría ser demasiado tarde.
No estoy de acuerdo con la ideología de género ni con nada que contradiga a la Pala de Dios (la Biblia).