Categoría: Opinión

Aulas para educar, no para adoctrinar

Como padre, ciudadano y exdiputado de Nuevo León, sostengo algo elemental: la escuela pública debe enseñar, no imponer ideologías. La ciencia, la historia, las matemáticas y el civismo no necesitan filtros militantes. Sin embargo, la propuesta oficial de “Educación Integral en Sexualidad (EIS)” ya baja al aula primaria con un enfoque de “derechos sexuales y reproductivos”, “igualdad de género” y “respeto a la diversidad de orientaciones e identidades”, tomando como marco a la OMS y a la UNESCO. Esto no lo digo yo: lo establece el propio cuaderno de apoyo de la SEP para docentes de primaria, Fase 5.

El documento reconoce explícitamente que niñas y niños deben “ejercer su sexualidad como derecho”, trabajar con “identidades de género y orientación”, y desarrollar actitudes “acordes con los derechos humanos” —todo en primaria—, además de tratar embarazo adolescente, ITS y “aborto” al hablar de riesgos y decisiones. Es un cambio sustantivo: la escuela deja de transmitir saberes comunes y asume una visión normativa de la sexualidad, donde el Estado orienta valores íntimos que pertenecen primero a la familia.

A los padres de familia les pregunto con claridad:

—¿Están de acuerdo con que a sus hijos en primaria se les forme bajo un lenguaje identitario (orientaciones/identidades) más allá de la biología?

—¿Sabían que la EIS coloca el “ejercicio de la sexualidad” como derecho desde la escuela, desplazando el diálogo casa–familia?

—¿Conocen que el material pidió a docentes “abordar género y diversidad” como parte de la formación ordinaria, no optativa?

Llamemos las cosas por su nombre: esto es adoctrinamiento cuando se presenta como única narrativa legítima. La educación sexual no es mala per se; lo objetable es que el Estado monopolice convicciones que corresponden a los padres por derecho natural y por mandato internacional (la familia como primera responsable de la educación moral de los hijos). El pluralismo no se impone: se garantiza permitiendo que cada familia decida cómo y cuándo aborda estos temas sensibles.

Mi postura es inequívoca: estoy totalmente en contra de que el gobierno use la escuela para normalizar ideologías de género o banalizar el aborto desde el aula.

Y voy a trabajar para erradicar esa intromisión con reformas claras:

Notificación previa y consentimiento informado: que toda actividad o contenido sensible (sexualidad, identidad, ideología) se comunique por escrito y con anticipación a los padres.
PIN Parental: derecho expreso a optar por alternativas pedagógicas sin penalización académica.
Neutralidad ideológica: prohibición de imponer marcos doctrinales no científicos como “verdad oficial”; la escuela informa, la familia forma.
Transparencia curricular: publicación íntegra de materiales, rúbricas y enfoques para escrutinio ciudadano.
Mecanismos de queja y sanción: cuando se oculte información, se presione a menores o se vulnere la objeción de conciencia familiar.

No se trata de “prohibir hablar de sexualidad”; se trata de devolver a los padres su derecho prioritario y de reinstalar la neutralidad del aula. La escuela puede —y debe— acompañar, no sustituir. La salud, la prevención del abuso y el respeto a la dignidad son objetivos comunes; lo que no es común —ni tarea del gobierno— es dictar una cosmovisión sobre identidad y moral sexual a espaldas de los papás.

Padres de Nuevo León y de todo México: ¿están de acuerdo con estos planes de estudio? ¿Los conocían? Si la respuesta es no, es hora de actuar: infórmense, pidan los materiales, exijan notificación previa y acompañen a sus hijos. En lo que a mí corresponde, persistiré en impulsar reformas para que este derecho quede plasmado en la ley y para que ninguna autoridad vuelva a tratar a la familia como un obstáculo.

Primero los padres. Primero la verdad. Primero la libertad.

Referencia

https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/10/Educacion-Integral-en-Sexualidad.pdf

Solo LGBT para candidatura a gobernador 2033

La conversación política en Nuevo León se ha ido deslizando, paso a paso, de la paridad “piso parejo” a la paridad-veto: primero cuotas obligatorias por sexo, ahora la tentación de postular solo mujeres a la gubernatura en 2027. Y si seguimos esa lógica identitaria, no tardará en llegar el siguiente peldaño: cuotas únicas LGBT. No es una exageración; es la consecuencia natural de haber sustituido el principio de igualdad ante la ley por el reparto de candidaturas según etiquetas. Por eso lo digo con todas sus letras: si no frenamos esta deriva, en 2033 estaremos discutiendo “solo LGBT para la gubernatura”.

La premisa de fondo es equivocada: que la representación política se corrige cerrando boletas, no abriendo competencias. Que el Estado puede fabricar justicia a punta de prohibiciones: hoy a varones, mañana a heterosexuales, pasado a quien no pertenezca al colectivo correcto. Eso no es igualdad; es ingeniería electoral que degrada la democracia, desalienta el talento y convierte a los partidos en administradores de cupos, no en buscadores de los mejores.

Tres razones para decir no a la pendiente identitaria

Lesiona libertades básicas.
La democracia se sostiene en dos libertades gemelas: el derecho de cualquier ciudadano que cumpla requisitos a ser votado y el derecho de todos los electores a elegir entre la oferta completa. Una boleta “solo mujeres” o “solo LGBT” cancela ambas. No importa a quién excluyas: el problema es excluir por identidad.
Empobrece la competencia.
Las cuotas rígidas sustituyen la búsqueda de mérito por el llenado de casillas. Cuando el incentivo ya no es ganar a los mejores, sino cumplir con el cupo, florecen la simulación y el reparto interno. Menos competencia = peores gobiernos.
Normaliza el privilegio por etiqueta.
Si aceptamos que el sexo determina la boleta, mañana lo hará la orientación; después, la militancia del lobby de moda. Se desplaza la política de las ideas y resultados a la administración de identidades. Quien gana por cuota siempre carga el estigma: “ganó por etiqueta”.

Ni paridad ni cuotas: mérito

Si el problema son barreras reales para que más mujeres y jóvenes compitan, ataquemos las barreras, no la boleta. ¿Qué sí funciona?

Procesos abiertos y medibles en los partidos: criterios públicos de selección, debates obligatorios y currículos verificables.
Compatibilidad trabajo–familia: licencias, guarderías y horarios reales en gobierno para que madres y padres puedan competir sin penalización.
Sanción efectiva al acoso y la violencia política sin convertir la ley en mordaza.
Transparencia ciudadana: un “tablero de méritos” con experiencia, resultados y probidad; que el elector compare sin filtros identitarios.
Cláusula de neutralidad: prohibir en leyes y estatutos cualquier restricción a candidaturas basada en sexo, orientación o credo. El único filtro debe ser capacidad y carácter.

“Acción afirmativa” no es sinónimo de veto

Seamos claros: apoyo la participación de más mujeres valiosas y de todo ciudadano capaz. Lo que rechazo es el veto. Una “acción afirmativa” que cancela la libre competencia deja de ser afirmativa y se vuelve punitiva. Sirve al partido que reparte, no al votante que evalúa. Y pavimenta el camino para la siguiente exigencia corporativa: hoy solo mujeres, mañana solo LGBT, pasado solo X. ¿De verdad queremos decidir el futuro de Nuevo León con un catálogo de siglas, y no con méritos verificables?

Llamado a la derecha y a los conservadores

Quienes defendemos la vida, la familia y las libertades fundamentales debemos defender también la meritocracia, la libertad del electorado y la neutralidad del Estado frente a identidades. La agenda identitaria no se detiene donde te parece “razonable”; siempre pide más. Si hoy guardas silencio ante “solo mujeres 2027”, no tendrás autoridad para oponerte a “solo LGBT 2033”.

Pidamos a los diputados de Nuevo León un compromiso público:

No aprobar cuotas identitarias de ningún tipo.
Blindar en la ley el derecho a competir de todos y la libertad del votante a elegir entre todas las opciones.
Sustituir la paridad obligatoria por procesos de selección basados en mérito y transparencia.

Nuevo León no se hizo grande con repartos, sino con exigencia, trabajo y resultados. El futuro no necesita cuotas; necesita a los mejores. Ni paridad ni privilegios; reglas iguales y competencia abierta. Y si quieren hablar de 2033, hablemos en serio: que esa elección nos encuentre con boletas sin candados y con candidatos —hombres o mujeres, de cualquier origen— que hayan demostrado mérito, carácter y resultados.

El silencio de los legisladores “pro-familia” ante la imposición ideológica.

En México estamos siendo testigos de una de las ofensivas ideológicas más agresivas de las últimas décadas. Desde el aparato gubernamental, especialmente a través de la Secretaría de Educación Pública, se impulsa la ideología de género como eje rector de la educación básica. En nombre de la “inclusión” y la “diversidad”, se están imponiendo valores ajenos a la mayoría de las familias mexicanas, sin respetar la libertad de conciencia ni el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, como lo reconoce el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Lo más alarmante no es únicamente lo que hace el gobierno federal, sino lo que no hacen quienes se dicen “pro-familia” en los congresos locales y federales. Legisladores que en campaña se tomaban fotos en marchas por la vida o hablaban de “valores cristianos”, hoy guardan un vergonzoso silencio frente a los avances del adoctrinamiento ideológico en las escuelas. Ni una sola iniciativa, ni una sola protesta, ni un solo posicionamiento público. El lobby LGBT avanza mientras muchos supuestos defensores de la familia se acomodan en su curul.

Vimos, por ejemplo, cómo la Secretaría de Educación celebró con bombo y platillo el Día del Orgullo LGBT, promoviendo una visión ideológica en las escuelas públicas con recursos del erario. Y los diputados de Nuevo León, muchos de ellos electos bajo plataformas conservadoras, callaron. Como si no fuera con ellos. Como si no tuvieran responsabilidad. Como si su deber con el pueblo hubiera expirado al asumir el cargo.

Cuando fui diputado, nunca guardé silencio ante estas imposiciones. Siempre alzamos la voz contra las leyes ideológicas, contra la censura disfrazada de inclusión y contra la promoción de agendas que no representan al pueblo de Nuevo León ni a millones de mexicanos. Hoy más que nunca debemos preguntarnos: ¿qué tipo de México queremos para el 2027?

¿Uno donde el Estado imponga ideología en las aulas, o uno donde los padres vuelvan a tener el control sobre la formación de sus hijos? ¿Uno donde se reprime la libertad de expresión si no piensas como la mayoría, o uno donde todos podamos disentir sin miedo?

La respuesta está en nuestras manos. Pero para lograr un cambio verdadero, necesitamos líderes valientes, comprometidos con la verdad, con la familia y con México. Que no teman al qué dirán. Que no se vendan por conveniencia. Que no abandonen sus principios a mitad del camino.

El 2027 está cada vez más cerca. Y la decisión también será tuya.

Lic. Carlos Leal
exDiputado Nuevo León

La censura podría llegar al Código Penal de Nuevo León de la mano de MORENA.

La bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León insiste en promover una iniciativa para sancionar penalmente la “humillación” en entornos digitales, como si estuvieran resolviendo un problema social apremiante. El argumento de fondo parece noble: garantizar espacios seguros para todas y todos. Pero la realidad es mucho más preocupante: estamos frente a un texto cargado de conceptos ambiguos que podrían convertirse en arma de censura contra cualquier crítica legítima.

¿Quién define qué es “humillación”? ¿Serán los jueces, los legisladores o los actores de turno? Al no establecer criterios claros para distinguir la crítica pública de la “humillación” sancionada, esta propuesta abre la puerta para perseguir opiniones disidentes, críticas fundamentadas e incluso denuncias ciudadanas contra autoridades o actores públicos.

Lo más grave es que esta ambigüedad podría convertirse en un instrumento para que el lobby LGBT y las feministas radicales la utilicen como arma jurídica para silenciar opiniones, ideas y críticas que no encajan con su agenda. Si una persona señala datos biológicos, expresa principios religiosos o critica políticas públicas que afectan a la familia o a la educación de los hijos, podría enfrentarse a un delito simplemente por haber “humillado” a un colectivo que no tolera la disidencia.

Esto no es un detalle menor. El concepto de “humillación” no solo es subjetivo, sino que, al darle consecuencias penales, vulnera un derecho humano esencial para la democracia: la libertad de expresión. Cualquier crítica, por clara, honesta y fundamentada que sea, podría interpretarse como “humillación” para darle un matiz punitivo.

La intención de garantizar espacios seguros en internet no debería convertirse en excusa para amordazar a la ciudadanía. Porque donde la ambigüedad manda, la censura reina. Y donde la censura reina, la democracia retrocede. Si hoy esta Ley podría ir contra un crítico, mañana podría ir contra un periodista, y pasado mañana contra cualquier ciudadano que diga lo que piensa.

Si la bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León quiere legislar para garantizar derechos, primero debería garantizar que las leyes no conviertan en delincuentes a los ciudadanos por pensar distinto. Necesitamos normas claras y específicas, que protejan tanto la seguridad de las personas como la libre expresión de ideas, opiniones y críticas legítimas.

La democracia respira cuando todas las opiniones pueden expresarse sin miedo. No la asfixiemos con conceptos tan ambiguos y peligrosos como la “humillación” convertida en delito. Porque, al final, la censura no fortalece la convivencia ni garantiza derechos: la censura solo garantiza que los ciudadanos callen para que otros hablen por ellos. Y ese es un camino que un país libre no debería permitir.

Por Carlos Leal
ExDiputado Congreso Nuevo León (2018-2021)

El Estado no debe ser agencia de propaganda ideológica

Por Carlos Leal

En una democracia sana, los recursos públicos deben utilizarse para garantizar servicios básicos, construir infraestructura, apoyar la educación y la seguridad, y responder a las verdaderas necesidades de la población. Nunca para convertirse en vehículos de promoción de ideologías específicas.

Sin embargo, en Nuevo León estamos presenciando un fenómeno que debería alertarnos a todos: el desvío de fondos estatales para promover una agenda basada en la llamada “ideología de género” y en el activismo LGBT+. El pasado 21 de junio, la Secretaría de Igualdad e Inclusión gastó miles de pesos en la promoción de la “Marcha por la Diversidad” en Monterrey, mientras que el Canal 28, la televisora estatal, dedicó gran parte de su transmisión para darle cobertura al evento.

Esto no sería un problema si estuviera financiado por organizaciones privadas o por personas interesadas en visibilizar su causa. El problema es que la promoción, la producción y la transmisión fueron realizadas con recursos públicos, que provienen de los impuestos de todos los neoloneses: empresarios, obreros, estudiantes, familias, hombres y mujeres que esperan que su contribución al Estado sirva para garantizar seguridad, servicios básicos y crecimiento económico, no para difundir una agenda ideológica.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión debería entender que la inclusión no significa privilegio para un grupo ni imposición para otros. El Estado no es un canal de propaganda para ninguna agenda en particular, y menos para una que polariza a la ciudadanía al intentar convertirse en norma para todos.

Los principios básicos de la administración pública indican que la comunicación oficial debería enfocarse en informar a la ciudadanía de manera neutral, responsable y clara. Cuando un canal estatal transmite la marcha de un colectivo específico, y cuando una secretaría gasta miles de pesos en promoverla, no estamos frente a un hecho de “inclusión”; estamos frente al uso faccioso de recursos de todos para darle visibilidad y legitimidad a un sector específico, en detrimento de la neutralidad estatal que tanto necesita la democracia.

Existen muchos otros desafíos en Nuevo León que exigen recursos y esfuerzos: garantizar que las familias vivan seguras, apoyar a comunidades marginadas, invertir en educación de calidad, fomentar el crecimiento económico y garantizar que nadie sea discriminado por pensar distinto. Eso es lo que debería representar un Estado verdaderamente al servicio de todos.

El hecho de que hoy los recursos de todos los neoloneses terminen promoviendo una agenda específica debería alarmarnos. Porque cuando el Estado escoge bandera, pierde neutralidad. Cuando escoge visibilizar a unos e invisibilizar a otros, falla en su misión de representar a toda la ciudadanía.

Exijamos un gobierno que respete todas las opiniones, todas las creencias, todas las visiones. Un Estado que utilice cada peso de nuestro impuesto para garantizar servicios básicos, crecimiento económico y libertades para todos, no para convertirse en portavoz de una agenda ideológica.

Si dejamos que esta práctica continúe, mañana cualquier agenda, de cualquier color, podría imponerse por la fuerza de la autoridad estatal. El Estado no es un aparato de propaganda; es un servidor de todos, y como tal, debería actuar.

La censura avanza con rostro “progresista”

Por Carlos Leal

Vivimos un momento peligroso para la libertad en México. Bajo el pretexto de “inclusión”, “respeto” y “no discriminación”, el gobierno de izquierda progre ha impulsado una serie de normas que buscan silenciar a quienes pensamos diferente. Lo que antes se debatía con argumentos, ahora se persigue con denuncias, multas e incluso cárcel.

Quien dude que esto ya está pasando, basta con ver tres ejemplos recientes y personales.

Primero, el caso del COPRED de Nuevo León (Consejo para Prevenir la Discriminación en el estado), que intentó censurarme por expresar mi postura en defensa de la familia y en contra de la ideología de género. Mi opinión, protegida por la Constitución, fue calificada como discurso de odio, solo por disentir de la narrativa oficial. ¿Desde cuándo opinar distinto se volvió delito?

Segundo, en Puebla, el Congreso local aprobó el nuevo artículo 480 del Código Penal, que castiga con hasta tres años de prisión a quien “insulte u ofenda en redes sociales”. Es decir, el gobierno decidirá qué se puede decir en internet y qué no, criminalizando el desacuerdo bajo el pretexto de “cibersedición”. Una ley vaga, subjetiva y peligrosamente abierta a abusos contra periodistas, opositores y ciudadanos críticos.

Tercer caso: la llamada Ley de Violencia Política de Género, que, en entidades como Nuevo León, se ha convertido en un instrumento para prohibir la crítica a mujeres políticas, incluso cuando es legítima. Basta con que una funcionaria diga sentirse agredida para que se te persiga judicialmente por cuestionar su gestión o señalar su incompetencia. No es igualdad, es blindaje ideológico.

Esta red de leyes y organismos no protege derechos. Protege intereses. Lo que está en juego no es el respeto, sino el control del discurso público. Se trata de imponer una verdad oficial obligatoria, en la que toda crítica es “odio”, toda disidencia es “violencia”, y toda diferencia de pensamiento es censurable.

Quieren un país donde solo se pueda hablar si repites el guión progresista, donde los medios, las redes y el debate estén vigilados por comités morales al servicio del poder. Y lo más grave es que lo están logrando, mientras muchos permanecen en silencio por miedo a las consecuencias legales o mediáticas.

No podemos permitirlo. Hoy es el COPRED de Nuevo León, mañana será tu opinión. Hoy es Puebla, mañana es todo el país. Hoy es por “ofender”, mañana será por no aplaudir.

La libertad de expresión no es un privilegio del que gobierna, es un derecho que protege a todos. Y si no alzamos la voz ahora, cuando queramos hacerlo podría ser demasiado tarde.

Sin partido, pero con principios: la paradoja política en México

Por Carlos Leal

La política mexicana vive una contradicción profunda: los partidos que supuestamente representan ideologías firmes han dejado de ser coherentes con sus principios. En los hechos, la mayoría de los institutos políticos han abandonado sus plataformas ideológicas para convertirse en simples vehículos electorales, donde lo único que importa es sumar votos, aunque eso implique renunciar a toda identidad.

Esta realidad ha generado un fenómeno interesante: personas con valores, convicciones firmes y una visión de derecha han llegado a cargos públicos desde partidos que, en teoría, defienden lo contrario. Y esto no es casualidad, es consecuencia directa de la falta de un partido realmente comprometido con defender la vida, la familia, las libertades fundamentales y el Estado de derecho.

El caso más reciente es el de la diputada Luz Itzel Mendo González, del Partido Verde Ecologista de México, quien en el Congreso de Guanajuato votó en contra de la despenalización del aborto, a pesar de que su partido se define como progresista y proagenda de género. Lo interesante es que el propio Partido Verde emitió un comunicado público respaldando su voto, afirmando que respetan la libertad de conciencia de sus legisladores.

Este hecho pone en evidencia dos cosas: primero, que la convicción personal sigue siendo más poderosa que la disciplina partidista, y segundo, que los partidos están tan desdibujados ideológicamente que prefieren no confrontar ni definir posturas claras. En lugar de defender sus supuestos principios, optan por mantenerse cómodos en la ambigüedad.

Esta situación ha permitido que personas con principios lleguen a posiciones clave desde partidos que, en teoría, les deberían cerrar la puerta. Y mientras no exista un partido verdaderamente de derecha, con estructura, visión y firmeza ideológica, esto seguirá ocurriendo: usaremos los canales disponibles para llegar, aunque no representen nuestra causa.

Pero esto no es lo ideal. Lo ideal sería construir un espacio político que no sólo permita postular candidatos con valores, sino que defienda abiertamente una agenda clara: la defensa de la vida desde la concepción, la familia natural, la libertad de expresión y la responsabilidad individual frente al Estado.

En lugar de navegar entre contradicciones, México necesita un partido que no tenga miedo de decir lo que piensa, que no se excuse con eufemismos ni se esconda detrás del cálculo político. Un partido que forme cuadros con carácter y convicción, y que no se doblegue ante la cultura de lo políticamente correcto.

Mientras ese partido no exista, muchos seguirán usando las estructuras existentes para impulsar sus principios. Pero tarde o temprano, llegará el momento de construir algo propio, que represente sin titubeos a millones de mexicanos que hoy no se sienten reflejados en ningún partido.

Porque la política sin valores no es estrategia, es oportunismo. Y México merece más que eso.

El progresismo woke, la nueva secta impulsada por la izquierda progre.

Por Carlos Leal (exDiputado de Nuevo León)

En un país laico como México, podríamos pensar que la imposición de creencias sería cosa del pasado. Pero la realidad es que estamos ante una nueva secta política disfrazada de “progreso”, que se impone desde el poder y se llama progresismo woke. Aunque no tiene templos ni santos, sí tiene dogmas incuestionables, profetas ideológicos y castigos sociales para quienes se atreven a pensar distinto.

Este nuevo culto no se basa en la razón ni en el debate libre de ideas, sino en emociones elevadas al rango de verdad absoluta. Se nos obliga a creer que el sexo biológico es irrelevante, que la identidad puede cambiar cada día, que la maternidad es opresión, que la infancia debe ser adoctrinada en temas sexuales, y que toda discrepancia es un acto de odio. Es una ideología que exige fe ciega, no reflexión crítica.

Lo más preocupante es que esta nueva secta está siendo impulsada desde el poder público. Gobiernos progresistas, incluido el de Nuevo León, han adoptado como política oficial esta agenda ideológica. Se diseñan leyes, se modifican libros de texto y se etiquetan como “discurso de odio” las opiniones que simplemente no se alinean al dogma. No es pluralismo: es imposición cultural con respaldo institucional.

La libertad de expresión y la patria potestad están en riesgo. Se tacha de “retrógradas” o “conservadores radicales” a quienes defienden el derecho de los padres a decidir cómo educar a sus hijos, o a quienes sostienen verdades científicas básicas como que existen solo dos sexos. Se busca destruir la base moral y social de la ciudadanía, para reemplazarla con una visión única, autoritaria y emocionalmente manipuladora.

Este progresismo no permite neutralidad. Exige pronunciamientos constantes, lealtad ideológica y silencio ante sus contradicciones. Si eres funcionario, maestro, periodista o artista y te atreves a cuestionarlo, eres excomulgado del sistema cultural y político. Te cancelan, te investigan, te señalan. No quieren convencerte: quieren que te sometas.

Lo más paradójico es que quienes hablan de “diversidad” son los más intolerantes con la diversidad real de pensamiento. Su idea de tolerancia es que todos pensemos igual, y su versión de democracia es que todos voten a favor de su agenda. Esta secta estatalizada no busca diálogo, busca obediencia.

Hoy más que nunca necesitamos ciudadanos que defiendan sus convicciones sin miedo, que no se traguen el discurso emocional como si fuera verdad absoluta, y que comprendan que una sociedad libre solo existe cuando se puede disentir sin ser perseguido.

No dejemos que el gobierno nos imponga una nueva secta disfrazada de derechos. Porque eso no es libertad, es manipulación ideológica financiada con nuestros impuestos.

El derecho de educar: los padres primero, no el Estado

Uno de los pilares fundamentales de toda sociedad libre es el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios, creencias y valores. Ese derecho no es una concesión del Estado, es un derecho natural, anterior a cualquier Constitución o ley. Está reconocido en tratados internacionales, en la propia Carta Magna, y forma parte de nuestra identidad cultural como mexicanos y, particularmente, como nuevoleoneses.

Sin embargo, hoy ese derecho está siendo agresivamente coartado por un gobierno de izquierda que pretende sustituir a las familias como formadoras de conciencia, para imponer desde las aulas un paquete ideológico que nada tiene que ver con la educación, y mucho con el adoctrinamiento.

Estamos hablando de la imposición de visiones socialistas, comunistas, feministas radicales y de ideología de género que han sido disfrazadas como “educación inclusiva”, “perspectiva de género” o “nuevos modelos pedagógicos”. En realidad, estos enfoques promueven valores que contradicen profundamente las convicciones de millones de familias mexicanas, especialmente en Nuevo León, donde la mayoría de los ciudadanos creemos en la familia natural, la dignidad humana, la libertad religiosa y la responsabilidad individual.

Nos dicen que esto es por el bien de los niños, que es para crear una sociedad más justa y libre. Pero ¿qué libertad hay cuando se le niega a los padres la posibilidad de opinar sobre lo que sus hijos aprenden sobre sexualidad, ideología, religión o valores? ¿Qué justicia hay cuando se callan las voces disidentes y se acusa de “retrógrada” o “intolerante” a quien simplemente pide respeto por sus creencias?

Hoy, desde el poder federal, se están promoviendo libros de texto cargados de ideología política e incluso contenido sexual inapropiado, sin consultar a los padres, sin transparencia y sin rendición de cuentas. Se están implementando programas de “educación emocional” o “identidad de género” que buscan desdibujar el rol del padre y la madre, promover confusión en la infancia y normalizar valores ajenos a nuestra cultura.

Esto no es progreso, es ingeniería social desde el Estado. Y lo más grave es que se hace en nombre de la “igualdad” y los “derechos”, cuando en realidad lo que se está haciendo es quitarle a los padres el control legítimo sobre la formación de sus propios hijos.

Como exdiputado, conservador y padre de familia, defiendo con toda claridad el derecho primario de los padres a decidir cómo y con qué valores educan a sus hijos. El Estado está para apoyar, no para sustituir. La escuela debe enseñar ciencias, matemáticas, historia y civismo, no ideologías que dividen y confunden.

Las familias de Nuevo León tenemos una profunda raíz de valores: creemos en el trabajo, la libertad, la fe, la vida y la responsabilidad. No vamos a permitir que desde un escritorio en la Ciudad de México se nos diga cómo criar a nuestros hijos. No vamos a quedarnos callados mientras se suplanta nuestra autoridad con decretos ideológicos.

Hoy más que nunca, es momento de levantar la voz, de organizarnos, de exigir a nuestros legisladores y gobiernos locales que protejan la soberanía de las familias y rechacen la imposición ideológica en las aulas. No estamos en contra de la educación, estamos en contra del adoctrinamiento. Queremos escuelas, no centros de propaganda.

La educación comienza en casa. Y nadie, absolutamente nadie, tiene más derecho sobre un hijo que sus propios padres. Esa es la base de una sociedad libre. Y esa libertad no se negocia.

Por Carlos Leal, exdiputado local de Nuevo León

La trampa de la paridad: cuando el sexo importa más que la capacidad.

Uno de los grandes errores que ha cometido el sistema político mexicano en los últimos años es haber sustituido la meritocracia por la paridad forzada. En teoría, las leyes de paridad de género nacieron con la intención de “garantizar” que las mujeres tuvieran acceso a espacios de poder. Pero en la práctica, estas leyes han sido una trampa ideológica que reducen al ser humano a su sexo, y no a su capacidad, preparación o trayectoria.

Durante mi tiempo como diputado local en Nuevo León, siempre voté en contra de las reformas de paridad. Y no por capricho, ni por estar en contra de las mujeres —como muchos intentaron hacer creer—, sino porque estoy convencido de que la equidad real se construye desde la libertad y el mérito, no desde la imposición legal o las cuotas obligatorias. Nadie debería ocupar un cargo público solo por ser hombre o mujer, sino por estar calificado, por tener principios firmes y por representar genuinamente a la ciudadanía.

El problema de fondo con la paridad de género es que cosifica a las personas, y convierte la política en una competencia de cuotas, no de ideas. Hoy vemos cómo candidaturas, regidurías, diputaciones e incluso cargos en el Poder Judicial se reparten bajo una lógica de “mitad y mitad”, sin importar si el perfil propuesto es el mejor. ¿El resultado? Un debilitamiento de la función pública, la simulación institucional y, en muchos casos, la imposición de figuras sin experiencia ni compromiso, pero que cumplen con el “requisito” de sexo o como le quieren llamar ahora “género”.

Y esto no solo afecta a los hombres, como muchos suponen. También perjudica a las mujeres valiosas, capaces, preparadas y con vocación de servicio, porque se genera la percepción de que “están ahí por cuota”, no por mérito propio. La paridad impuesta termina siendo un insulto a la inteligencia femenina, al asumir que las mujeres no pueden llegar por sí mismas, sino que necesitan una ley que las acomode.

Es triste ver cómo el discurso de la igualdad ha sido secuestrado por la ideología. Lo que comenzó como una lucha legítima por abrir espacios a sectores históricamente marginados, hoy se ha convertido en un sistema rígido, injusto y profundamente discriminatorio. Porque cuando se privilegia el sexo sobre la capacidad, se discrimina al más capaz solo por no pertenecer al sexo “correcto”.

Yo creo en la igualdad, pero en la igualdad de oportunidades, no de resultados. Creo que cada persona debe tener las mismas condiciones para competir, pero no que todos deban obtener los mismos lugares por decreto. Esa es una visión colectivista, estatista y profundamente contraria a los principios de libertad individual.

La política, como cualquier otra vocación, exige preparación, principios y convicciones. Lo que necesitamos son legisladores, alcaldes, jueces, funcionarios comprometidos con la verdad, con el bien común y con valores firmes. Si eso lo tiene un hombre, que sea él. Si lo tiene una mujer, que sea ella. Pero que lo defina el mérito, no el sexo.

Sé que este no es un discurso popular en tiempos donde impera la corrección política. Pero también sé que muchos ciudadanos comparten este sentir y no se atreven a expresarlo por miedo a las etiquetas. Nos han hecho creer que cuestionar la paridad es sinónimo de machismo. Falso. Es sinónimo de sentido común.

En un país como México, donde enfrentamos retos enormes en materia de seguridad, justicia, economía y educación, no podemos darnos el lujo de jugar a la política identitaria. Necesitamos a los mejores, sin importar si son hombres o mujeres. Y necesitamos acabar con esta cultura de cuotas que solo genera resentimiento, simulación y mediocridad.

Por eso, reitero con orgullo que voté en contra de las leyes de paridad y lo volvería a hacer. No porque no quiera mujeres en el poder, sino porque quiero personas con valores, capacidades y vocación de servicio. Y estoy convencido de que muchas mujeres reúnen esos requisitos, sin necesidad de una ley que las ponga a la fuerza.

La verdadera justicia no se logra con leyes que dividen, sino con principios que unen. Que nadie nos obligue a elegir entre la equidad y la excelencia. Podemos y debemos aspirar a ambas. Pero para eso, hay que recuperar el sentido común y volver a poner al mérito por encima del sexo.

Lic. Carlos Leal
Empresario y exDiputado del Congreso de Nuevo León.