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Aulas para educar, no para adoctrinar

Como padre, ciudadano y exdiputado de Nuevo León, sostengo algo elemental: la escuela pública debe enseñar, no imponer ideologías. La ciencia, la historia, las matemáticas y el civismo no necesitan filtros militantes. Sin embargo, la propuesta oficial de “Educación Integral en Sexualidad (EIS)” ya baja al aula primaria con un enfoque de “derechos sexuales y reproductivos”, “igualdad de género” y “respeto a la diversidad de orientaciones e identidades”, tomando como marco a la OMS y a la UNESCO. Esto no lo digo yo: lo establece el propio cuaderno de apoyo de la SEP para docentes de primaria, Fase 5. 

El documento reconoce explícitamente que niñas y niños deben “ejercer su sexualidad como derecho”, trabajar con “identidades de género y orientación”, y desarrollar actitudes “acordes con los derechos humanos” —todo en primaria—, además de tratar embarazo adolescente, ITS y “aborto” al hablar de riesgos y decisiones. Es un cambio sustantivo: la escuela deja de transmitir saberes comunes y asume una visión normativa de la sexualidad, donde el Estado orienta valores íntimos que pertenecen primero a la familia. 

A los padres de familia les pregunto con claridad:

—¿Están de acuerdo con que a sus hijos en primaria se les forme bajo un lenguaje identitario (orientaciones/identidades) más allá de la biología?

—¿Sabían que la EIS coloca el “ejercicio de la sexualidad” como derecho desde la escuela, desplazando el diálogo casa–familia?

—¿Conocen que el material pidió a docentes “abordar género y diversidad” como parte de la formación ordinaria, no optativa? 

Llamemos las cosas por su nombre: esto es adoctrinamiento cuando se presenta como única narrativa legítima. La educación sexual no es mala per se; lo objetable es que el Estado monopolice convicciones que corresponden a los padres por derecho natural y por mandato internacional (la familia como primera responsable de la educación moral de los hijos). El pluralismo no se impone: se garantiza permitiendo que cada familia decida cómo y cuándo aborda estos temas sensibles.

Mi postura es inequívoca: estoy totalmente en contra de que el gobierno use la escuela para normalizar ideologías de género o banalizar el aborto desde el aula.

Y voy a trabajar para erradicar esa intromisión con reformas claras:

  1. Notificación previa y consentimiento informado: que toda actividad o contenido sensible (sexualidad, identidad, ideología) se comunique por escrito y con anticipación a los padres.
  2. PIN Parental: derecho expreso a optar por alternativas pedagógicas sin penalización académica.
  3. Neutralidad ideológica: prohibición de imponer marcos doctrinales no científicos como “verdad oficial”; la escuela informa, la familia forma.
  4. Transparencia curricular: publicación íntegra de materiales, rúbricas y enfoques para escrutinio ciudadano.
  5. Mecanismos de queja y sanción: cuando se oculte información, se presione a menores o se vulnere la objeción de conciencia familiar.

No se trata de “prohibir hablar de sexualidad”; se trata de devolver a los padres su derecho prioritario y de reinstalar la neutralidad del aula. La escuela puede —y debe— acompañar, no sustituir. La salud, la prevención del abuso y el respeto a la dignidad son objetivos comunes; lo que no es común —ni tarea del gobierno— es dictar una cosmovisión sobre identidad y moral sexual a espaldas de los papás.

Padres de Nuevo León y de todo México: ¿están de acuerdo con estos planes de estudio? ¿Los conocían? Si la respuesta es no, es hora de actuar: infórmense, pidan los materiales, exijan notificación previa y acompañen a sus hijos. En lo que a mí corresponde, persistiré en impulsar reformas para que este derecho quede plasmado en la ley y para que ninguna autoridad vuelva a tratar a la familia como un obstáculo.

Primero los padres. Primero la verdad. Primero la libertad. 

Referencia

https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/10/Educacion-Integral-en-Sexualidad.pdf

Publicado enOpinión

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