En Nuevo León vuelve a encenderse una alarma que algunos insisten en disfrazar de “progreso”: reabrir la puerta a la despenalización del aborto. No es un rumor; hay iniciativas y presiones concretas para mover la balanza legislativa. Y, sin embargo, nuestro Congreso luce tibio. La misma tibieza que permitió, sin un debate de fondo con la sociedad, aprobar cambios que hoy se venden como inevitables y mañana se usan como precedente.
El problema no es solo una votación más: es una forma de entender la política. Cuando los representantes renuncian a la deliberación seria y a la defensa de principios, la agenda pública queda capturada por eufemismos y consignas. Se habla de “derechos” en abstracto para evitar nombrar lo que está en juego: una vida humana en gestación y una madre que necesita apoyo real, no un atajo legal que la deje sola antes y después.
Aquí aparece la segunda falla: no tenemos un partido abiertamente provida y profamilia. Todos proclaman moderación, pero mantienen en sus filas a quienes empujan—con disciplina—la agenda progresista. Llegado el momento, las bancadas se alinean con el clima del día y no con los valores de miles de familias que quieren políticas de protección a la maternidad, a la infancia por nacer y a la familia como institución básica de la sociedad.
Defender la vida desde la concepción no es dogma sectario: es una posición ética, científica y socialmente responsable. Ética, porque la dignidad humana no se adjudica por tamaño, semanas o utilidad. Científica, porque la embriología es clara respecto del inicio de un nuevo organismo humano. Socialmente responsable, porque el camino civilizado no es eliminar al vulnerable, sino acompañarlo: a la madre con redes de apoyo, salud mental, guarderías, vivienda y trabajo; al hijo por nacer con protección jurídica y políticas públicas que lo reconozcan.
La tibieza legislativa tiene un costo que no aparece en las cifras, pero se siente en las calles: familias fracturadas, mujeres abandonadas y una cultura que normaliza la salida más rápida. Eso no es progreso; es renuncia. La verdadera política pública exige ir a lo difícil: prevención, educación integral con participación de los padres, combate a la violencia y apoyos concretos a la maternidad vulnerable. Y sí, un Estado que ponga primero la vida.
A quienes hoy flotan en la ambigüedad les pregunto: ¿van a volver a votar de espaldas a la sociedad que dicen representar? ¿Van a dejarse arrastrar por tendencias de turno o tendrán el carácter de construir una mayoría por la vida, la familia y las libertades fundamentales?
Mi postura es conocida y no cambiará: soy provida. Me encontrarán siempre del lado de la madre y del hijo, del lado de políticas que acompañen en vez de descartar, y del lado de una democracia que se sostenga en principios, no en encuestas. Somos pocos los que defendemos esta causa sin miedo, pero no estamos solos: hay ciudadanos, iglesias, organizaciones y profesionales que trabajan todos los días para demostrar que sí hay alternativas y que sí podemos cuidar las dos vidas.
¿Qué sigue? Exigir votaciones nominales (que cada diputado dé la cara), pedir audiencias públicas reales, impulsar un paquete provida con apoyos a la maternidad, adopción ágil y protección a la infancia, y recordar en 2027 quién defendió valores y quién se escondió en la tibieza. La política es responsabilidad de todos; la vida también.
Nuevo León merece algo mejor que la moda ideológica y el cálculo. Merece convicción. Y desde aquí afirmo: no renunciaremos a defender la vida. Compartamos este debate, elevemos el nivel de la conversación y hagamos nuestra parte para que la ley proteja a quien no puede defenderse. Porque una sociedad que aprende a cuidar al más vulnerable es una sociedad que todavía tiene futuro.