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Aulas para educar, no para adoctrinar

Como padre, ciudadano y exdiputado de Nuevo León, sostengo algo elemental: la escuela pública debe enseñar, no imponer ideologías. La ciencia, la historia, las matemáticas y el civismo no necesitan filtros militantes. Sin embargo, la propuesta oficial de “Educación Integral en Sexualidad (EIS)” ya baja al aula primaria con un enfoque de “derechos sexuales y reproductivos”, “igualdad de género” y “respeto a la diversidad de orientaciones e identidades”, tomando como marco a la OMS y a la UNESCO. Esto no lo digo yo: lo establece el propio cuaderno de apoyo de la SEP para docentes de primaria, Fase 5.

El documento reconoce explícitamente que niñas y niños deben “ejercer su sexualidad como derecho”, trabajar con “identidades de género y orientación”, y desarrollar actitudes “acordes con los derechos humanos” —todo en primaria—, además de tratar embarazo adolescente, ITS y “aborto” al hablar de riesgos y decisiones. Es un cambio sustantivo: la escuela deja de transmitir saberes comunes y asume una visión normativa de la sexualidad, donde el Estado orienta valores íntimos que pertenecen primero a la familia.

A los padres de familia les pregunto con claridad:

—¿Están de acuerdo con que a sus hijos en primaria se les forme bajo un lenguaje identitario (orientaciones/identidades) más allá de la biología?

—¿Sabían que la EIS coloca el “ejercicio de la sexualidad” como derecho desde la escuela, desplazando el diálogo casa–familia?

—¿Conocen que el material pidió a docentes “abordar género y diversidad” como parte de la formación ordinaria, no optativa?

Llamemos las cosas por su nombre: esto es adoctrinamiento cuando se presenta como única narrativa legítima. La educación sexual no es mala per se; lo objetable es que el Estado monopolice convicciones que corresponden a los padres por derecho natural y por mandato internacional (la familia como primera responsable de la educación moral de los hijos). El pluralismo no se impone: se garantiza permitiendo que cada familia decida cómo y cuándo aborda estos temas sensibles.

Mi postura es inequívoca: estoy totalmente en contra de que el gobierno use la escuela para normalizar ideologías de género o banalizar el aborto desde el aula.

Y voy a trabajar para erradicar esa intromisión con reformas claras:

Notificación previa y consentimiento informado: que toda actividad o contenido sensible (sexualidad, identidad, ideología) se comunique por escrito y con anticipación a los padres.
PIN Parental: derecho expreso a optar por alternativas pedagógicas sin penalización académica.
Neutralidad ideológica: prohibición de imponer marcos doctrinales no científicos como “verdad oficial”; la escuela informa, la familia forma.
Transparencia curricular: publicación íntegra de materiales, rúbricas y enfoques para escrutinio ciudadano.
Mecanismos de queja y sanción: cuando se oculte información, se presione a menores o se vulnere la objeción de conciencia familiar.

No se trata de “prohibir hablar de sexualidad”; se trata de devolver a los padres su derecho prioritario y de reinstalar la neutralidad del aula. La escuela puede —y debe— acompañar, no sustituir. La salud, la prevención del abuso y el respeto a la dignidad son objetivos comunes; lo que no es común —ni tarea del gobierno— es dictar una cosmovisión sobre identidad y moral sexual a espaldas de los papás.

Padres de Nuevo León y de todo México: ¿están de acuerdo con estos planes de estudio? ¿Los conocían? Si la respuesta es no, es hora de actuar: infórmense, pidan los materiales, exijan notificación previa y acompañen a sus hijos. En lo que a mí corresponde, persistiré en impulsar reformas para que este derecho quede plasmado en la ley y para que ninguna autoridad vuelva a tratar a la familia como un obstáculo.

Primero los padres. Primero la verdad. Primero la libertad.

Referencia

https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/10/Educacion-Integral-en-Sexualidad.pdf

Solo LGBT para candidatura a gobernador 2033

La conversación política en Nuevo León se ha ido deslizando, paso a paso, de la paridad “piso parejo” a la paridad-veto: primero cuotas obligatorias por sexo, ahora la tentación de postular solo mujeres a la gubernatura en 2027. Y si seguimos esa lógica identitaria, no tardará en llegar el siguiente peldaño: cuotas únicas LGBT. No es una exageración; es la consecuencia natural de haber sustituido el principio de igualdad ante la ley por el reparto de candidaturas según etiquetas. Por eso lo digo con todas sus letras: si no frenamos esta deriva, en 2033 estaremos discutiendo “solo LGBT para la gubernatura”.

La premisa de fondo es equivocada: que la representación política se corrige cerrando boletas, no abriendo competencias. Que el Estado puede fabricar justicia a punta de prohibiciones: hoy a varones, mañana a heterosexuales, pasado a quien no pertenezca al colectivo correcto. Eso no es igualdad; es ingeniería electoral que degrada la democracia, desalienta el talento y convierte a los partidos en administradores de cupos, no en buscadores de los mejores.

Tres razones para decir no a la pendiente identitaria

Lesiona libertades básicas.
La democracia se sostiene en dos libertades gemelas: el derecho de cualquier ciudadano que cumpla requisitos a ser votado y el derecho de todos los electores a elegir entre la oferta completa. Una boleta “solo mujeres” o “solo LGBT” cancela ambas. No importa a quién excluyas: el problema es excluir por identidad.
Empobrece la competencia.
Las cuotas rígidas sustituyen la búsqueda de mérito por el llenado de casillas. Cuando el incentivo ya no es ganar a los mejores, sino cumplir con el cupo, florecen la simulación y el reparto interno. Menos competencia = peores gobiernos.
Normaliza el privilegio por etiqueta.
Si aceptamos que el sexo determina la boleta, mañana lo hará la orientación; después, la militancia del lobby de moda. Se desplaza la política de las ideas y resultados a la administración de identidades. Quien gana por cuota siempre carga el estigma: “ganó por etiqueta”.

Ni paridad ni cuotas: mérito

Si el problema son barreras reales para que más mujeres y jóvenes compitan, ataquemos las barreras, no la boleta. ¿Qué sí funciona?

Procesos abiertos y medibles en los partidos: criterios públicos de selección, debates obligatorios y currículos verificables.
Compatibilidad trabajo–familia: licencias, guarderías y horarios reales en gobierno para que madres y padres puedan competir sin penalización.
Sanción efectiva al acoso y la violencia política sin convertir la ley en mordaza.
Transparencia ciudadana: un “tablero de méritos” con experiencia, resultados y probidad; que el elector compare sin filtros identitarios.
Cláusula de neutralidad: prohibir en leyes y estatutos cualquier restricción a candidaturas basada en sexo, orientación o credo. El único filtro debe ser capacidad y carácter.

“Acción afirmativa” no es sinónimo de veto

Seamos claros: apoyo la participación de más mujeres valiosas y de todo ciudadano capaz. Lo que rechazo es el veto. Una “acción afirmativa” que cancela la libre competencia deja de ser afirmativa y se vuelve punitiva. Sirve al partido que reparte, no al votante que evalúa. Y pavimenta el camino para la siguiente exigencia corporativa: hoy solo mujeres, mañana solo LGBT, pasado solo X. ¿De verdad queremos decidir el futuro de Nuevo León con un catálogo de siglas, y no con méritos verificables?

Llamado a la derecha y a los conservadores

Quienes defendemos la vida, la familia y las libertades fundamentales debemos defender también la meritocracia, la libertad del electorado y la neutralidad del Estado frente a identidades. La agenda identitaria no se detiene donde te parece “razonable”; siempre pide más. Si hoy guardas silencio ante “solo mujeres 2027”, no tendrás autoridad para oponerte a “solo LGBT 2033”.

Pidamos a los diputados de Nuevo León un compromiso público:

No aprobar cuotas identitarias de ningún tipo.
Blindar en la ley el derecho a competir de todos y la libertad del votante a elegir entre todas las opciones.
Sustituir la paridad obligatoria por procesos de selección basados en mérito y transparencia.

Nuevo León no se hizo grande con repartos, sino con exigencia, trabajo y resultados. El futuro no necesita cuotas; necesita a los mejores. Ni paridad ni privilegios; reglas iguales y competencia abierta. Y si quieren hablar de 2033, hablemos en serio: que esa elección nos encuentre con boletas sin candados y con candidatos —hombres o mujeres, de cualquier origen— que hayan demostrado mérito, carácter y resultados.

La censura podría llegar al Código Penal de Nuevo León de la mano de MORENA.

La bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León insiste en promover una iniciativa para sancionar penalmente la “humillación” en entornos digitales, como si estuvieran resolviendo un problema social apremiante. El argumento de fondo parece noble: garantizar espacios seguros para todas y todos. Pero la realidad es mucho más preocupante: estamos frente a un texto cargado de conceptos ambiguos que podrían convertirse en arma de censura contra cualquier crítica legítima.

¿Quién define qué es “humillación”? ¿Serán los jueces, los legisladores o los actores de turno? Al no establecer criterios claros para distinguir la crítica pública de la “humillación” sancionada, esta propuesta abre la puerta para perseguir opiniones disidentes, críticas fundamentadas e incluso denuncias ciudadanas contra autoridades o actores públicos.

Lo más grave es que esta ambigüedad podría convertirse en un instrumento para que el lobby LGBT y las feministas radicales la utilicen como arma jurídica para silenciar opiniones, ideas y críticas que no encajan con su agenda. Si una persona señala datos biológicos, expresa principios religiosos o critica políticas públicas que afectan a la familia o a la educación de los hijos, podría enfrentarse a un delito simplemente por haber “humillado” a un colectivo que no tolera la disidencia.

Esto no es un detalle menor. El concepto de “humillación” no solo es subjetivo, sino que, al darle consecuencias penales, vulnera un derecho humano esencial para la democracia: la libertad de expresión. Cualquier crítica, por clara, honesta y fundamentada que sea, podría interpretarse como “humillación” para darle un matiz punitivo.

La intención de garantizar espacios seguros en internet no debería convertirse en excusa para amordazar a la ciudadanía. Porque donde la ambigüedad manda, la censura reina. Y donde la censura reina, la democracia retrocede. Si hoy esta Ley podría ir contra un crítico, mañana podría ir contra un periodista, y pasado mañana contra cualquier ciudadano que diga lo que piensa.

Si la bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León quiere legislar para garantizar derechos, primero debería garantizar que las leyes no conviertan en delincuentes a los ciudadanos por pensar distinto. Necesitamos normas claras y específicas, que protejan tanto la seguridad de las personas como la libre expresión de ideas, opiniones y críticas legítimas.

La democracia respira cuando todas las opiniones pueden expresarse sin miedo. No la asfixiemos con conceptos tan ambiguos y peligrosos como la “humillación” convertida en delito. Porque, al final, la censura no fortalece la convivencia ni garantiza derechos: la censura solo garantiza que los ciudadanos callen para que otros hablen por ellos. Y ese es un camino que un país libre no debería permitir.

Por Carlos Leal
ExDiputado Congreso Nuevo León (2018-2021)

El Estado no debe ser agencia de propaganda ideológica

Por Carlos Leal

En una democracia sana, los recursos públicos deben utilizarse para garantizar servicios básicos, construir infraestructura, apoyar la educación y la seguridad, y responder a las verdaderas necesidades de la población. Nunca para convertirse en vehículos de promoción de ideologías específicas.

Sin embargo, en Nuevo León estamos presenciando un fenómeno que debería alertarnos a todos: el desvío de fondos estatales para promover una agenda basada en la llamada “ideología de género” y en el activismo LGBT+. El pasado 21 de junio, la Secretaría de Igualdad e Inclusión gastó miles de pesos en la promoción de la “Marcha por la Diversidad” en Monterrey, mientras que el Canal 28, la televisora estatal, dedicó gran parte de su transmisión para darle cobertura al evento.

Esto no sería un problema si estuviera financiado por organizaciones privadas o por personas interesadas en visibilizar su causa. El problema es que la promoción, la producción y la transmisión fueron realizadas con recursos públicos, que provienen de los impuestos de todos los neoloneses: empresarios, obreros, estudiantes, familias, hombres y mujeres que esperan que su contribución al Estado sirva para garantizar seguridad, servicios básicos y crecimiento económico, no para difundir una agenda ideológica.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión debería entender que la inclusión no significa privilegio para un grupo ni imposición para otros. El Estado no es un canal de propaganda para ninguna agenda en particular, y menos para una que polariza a la ciudadanía al intentar convertirse en norma para todos.

Los principios básicos de la administración pública indican que la comunicación oficial debería enfocarse en informar a la ciudadanía de manera neutral, responsable y clara. Cuando un canal estatal transmite la marcha de un colectivo específico, y cuando una secretaría gasta miles de pesos en promoverla, no estamos frente a un hecho de “inclusión”; estamos frente al uso faccioso de recursos de todos para darle visibilidad y legitimidad a un sector específico, en detrimento de la neutralidad estatal que tanto necesita la democracia.

Existen muchos otros desafíos en Nuevo León que exigen recursos y esfuerzos: garantizar que las familias vivan seguras, apoyar a comunidades marginadas, invertir en educación de calidad, fomentar el crecimiento económico y garantizar que nadie sea discriminado por pensar distinto. Eso es lo que debería representar un Estado verdaderamente al servicio de todos.

El hecho de que hoy los recursos de todos los neoloneses terminen promoviendo una agenda específica debería alarmarnos. Porque cuando el Estado escoge bandera, pierde neutralidad. Cuando escoge visibilizar a unos e invisibilizar a otros, falla en su misión de representar a toda la ciudadanía.

Exijamos un gobierno que respete todas las opiniones, todas las creencias, todas las visiones. Un Estado que utilice cada peso de nuestro impuesto para garantizar servicios básicos, crecimiento económico y libertades para todos, no para convertirse en portavoz de una agenda ideológica.

Si dejamos que esta práctica continúe, mañana cualquier agenda, de cualquier color, podría imponerse por la fuerza de la autoridad estatal. El Estado no es un aparato de propaganda; es un servidor de todos, y como tal, debería actuar.