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Etiqueta: libertad de expresion

La censura podría llegar al Código Penal de Nuevo León de la mano de MORENA.

La bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León insiste en promover una iniciativa para sancionar penalmente la “humillación” en entornos digitales, como si estuvieran resolviendo un problema social apremiante. El argumento de fondo parece noble: garantizar espacios seguros para todas y todos. Pero la realidad es mucho más preocupante: estamos frente a un texto cargado de conceptos ambiguos que podrían convertirse en arma de censura contra cualquier crítica legítima.

¿Quién define qué es “humillación”? ¿Serán los jueces, los legisladores o los actores de turno? Al no establecer criterios claros para distinguir la crítica pública de la “humillación” sancionada, esta propuesta abre la puerta para perseguir opiniones disidentes, críticas fundamentadas e incluso denuncias ciudadanas contra autoridades o actores públicos.

Lo más grave es que esta ambigüedad podría convertirse en un instrumento para que el lobby LGBT y las feministas radicales la utilicen como arma jurídica para silenciar opiniones, ideas y críticas que no encajan con su agenda. Si una persona señala datos biológicos, expresa principios religiosos o critica políticas públicas que afectan a la familia o a la educación de los hijos, podría enfrentarse a un delito simplemente por haber “humillado” a un colectivo que no tolera la disidencia.

Esto no es un detalle menor. El concepto de “humillación” no solo es subjetivo, sino que, al darle consecuencias penales, vulnera un derecho humano esencial para la democracia: la libertad de expresión. Cualquier crítica, por clara, honesta y fundamentada que sea, podría interpretarse como “humillación” para darle un matiz punitivo.

La intención de garantizar espacios seguros en internet no debería convertirse en excusa para amordazar a la ciudadanía. Porque donde la ambigüedad manda, la censura reina. Y donde la censura reina, la democracia retrocede. Si hoy esta Ley podría ir contra un crítico, mañana podría ir contra un periodista, y pasado mañana contra cualquier ciudadano que diga lo que piensa.

Si la bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León quiere legislar para garantizar derechos, primero debería garantizar que las leyes no conviertan en delincuentes a los ciudadanos por pensar distinto. Necesitamos normas claras y específicas, que protejan tanto la seguridad de las personas como la libre expresión de ideas, opiniones y críticas legítimas.

La democracia respira cuando todas las opiniones pueden expresarse sin miedo. No la asfixiemos con conceptos tan ambiguos y peligrosos como la “humillación” convertida en delito. Porque, al final, la censura no fortalece la convivencia ni garantiza derechos: la censura solo garantiza que los ciudadanos callen para que otros hablen por ellos. Y ese es un camino que un país libre no debería permitir.

Por Carlos Leal
ExDiputado Congreso Nuevo León (2018-2021)

La censura avanza con rostro “progresista”

Por Carlos Leal

Vivimos un momento peligroso para la libertad en México. Bajo el pretexto de “inclusión”, “respeto” y “no discriminación”, el gobierno de izquierda progre ha impulsado una serie de normas que buscan silenciar a quienes pensamos diferente. Lo que antes se debatía con argumentos, ahora se persigue con denuncias, multas e incluso cárcel.

Quien dude que esto ya está pasando, basta con ver tres ejemplos recientes y personales.

Primero, el caso del COPRED de Nuevo León (Consejo para Prevenir la Discriminación en el estado), que intentó censurarme por expresar mi postura en defensa de la familia y en contra de la ideología de género. Mi opinión, protegida por la Constitución, fue calificada como discurso de odio, solo por disentir de la narrativa oficial. ¿Desde cuándo opinar distinto se volvió delito?

Segundo, en Puebla, el Congreso local aprobó el nuevo artículo 480 del Código Penal, que castiga con hasta tres años de prisión a quien “insulte u ofenda en redes sociales”. Es decir, el gobierno decidirá qué se puede decir en internet y qué no, criminalizando el desacuerdo bajo el pretexto de “cibersedición”. Una ley vaga, subjetiva y peligrosamente abierta a abusos contra periodistas, opositores y ciudadanos críticos.

Tercer caso: la llamada Ley de Violencia Política de Género, que, en entidades como Nuevo León, se ha convertido en un instrumento para prohibir la crítica a mujeres políticas, incluso cuando es legítima. Basta con que una funcionaria diga sentirse agredida para que se te persiga judicialmente por cuestionar su gestión o señalar su incompetencia. No es igualdad, es blindaje ideológico.

Esta red de leyes y organismos no protege derechos. Protege intereses. Lo que está en juego no es el respeto, sino el control del discurso público. Se trata de imponer una verdad oficial obligatoria, en la que toda crítica es “odio”, toda disidencia es “violencia”, y toda diferencia de pensamiento es censurable.

Quieren un país donde solo se pueda hablar si repites el guión progresista, donde los medios, las redes y el debate estén vigilados por comités morales al servicio del poder. Y lo más grave es que lo están logrando, mientras muchos permanecen en silencio por miedo a las consecuencias legales o mediáticas.

No podemos permitirlo. Hoy es el COPRED de Nuevo León, mañana será tu opinión. Hoy es Puebla, mañana es todo el país. Hoy es por “ofender”, mañana será por no aplaudir.

La libertad de expresión no es un privilegio del que gobierna, es un derecho que protege a todos. Y si no alzamos la voz ahora, cuando queramos hacerlo podría ser demasiado tarde.