Por Carlos Leal
En una democracia sana, los recursos públicos deben utilizarse para garantizar servicios básicos, construir infraestructura, apoyar la educación y la seguridad, y responder a las verdaderas necesidades de la población. Nunca para convertirse en vehículos de promoción de ideologías específicas.
Sin embargo, en Nuevo León estamos presenciando un fenómeno que debería alertarnos a todos: el desvío de fondos estatales para promover una agenda basada en la llamada “ideología de género” y en el activismo LGBT+. El pasado 21 de junio, la Secretaría de Igualdad e Inclusión gastó miles de pesos en la promoción de la “Marcha por la Diversidad” en Monterrey, mientras que el Canal 28, la televisora estatal, dedicó gran parte de su transmisión para darle cobertura al evento.
Esto no sería un problema si estuviera financiado por organizaciones privadas o por personas interesadas en visibilizar su causa. El problema es que la promoción, la producción y la transmisión fueron realizadas con recursos públicos, que provienen de los impuestos de todos los neoloneses: empresarios, obreros, estudiantes, familias, hombres y mujeres que esperan que su contribución al Estado sirva para garantizar seguridad, servicios básicos y crecimiento económico, no para difundir una agenda ideológica.
La Secretaría de Igualdad e Inclusión debería entender que la inclusión no significa privilegio para un grupo ni imposición para otros. El Estado no es un canal de propaganda para ninguna agenda en particular, y menos para una que polariza a la ciudadanía al intentar convertirse en norma para todos.
Los principios básicos de la administración pública indican que la comunicación oficial debería enfocarse en informar a la ciudadanía de manera neutral, responsable y clara. Cuando un canal estatal transmite la marcha de un colectivo específico, y cuando una secretaría gasta miles de pesos en promoverla, no estamos frente a un hecho de “inclusión”; estamos frente al uso faccioso de recursos de todos para darle visibilidad y legitimidad a un sector específico, en detrimento de la neutralidad estatal que tanto necesita la democracia.
Existen muchos otros desafíos en Nuevo León que exigen recursos y esfuerzos: garantizar que las familias vivan seguras, apoyar a comunidades marginadas, invertir en educación de calidad, fomentar el crecimiento económico y garantizar que nadie sea discriminado por pensar distinto. Eso es lo que debería representar un Estado verdaderamente al servicio de todos.
El hecho de que hoy los recursos de todos los neoloneses terminen promoviendo una agenda específica debería alarmarnos. Porque cuando el Estado escoge bandera, pierde neutralidad. Cuando escoge visibilizar a unos e invisibilizar a otros, falla en su misión de representar a toda la ciudadanía.
Exijamos un gobierno que respete todas las opiniones, todas las creencias, todas las visiones. Un Estado que utilice cada peso de nuestro impuesto para garantizar servicios básicos, crecimiento económico y libertades para todos, no para convertirse en portavoz de una agenda ideológica.
Si dejamos que esta práctica continúe, mañana cualquier agenda, de cualquier color, podría imponerse por la fuerza de la autoridad estatal. El Estado no es un aparato de propaganda; es un servidor de todos, y como tal, debería actuar.