Uno de los pilares fundamentales de toda sociedad libre es el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios, creencias y valores. Ese derecho no es una concesión del Estado, es un derecho natural, anterior a cualquier Constitución o ley. Está reconocido en tratados internacionales, en la propia Carta Magna, y forma parte de nuestra identidad cultural como mexicanos y, particularmente, como nuevoleoneses.
Sin embargo, hoy ese derecho está siendo agresivamente coartado por un gobierno de izquierda que pretende sustituir a las familias como formadoras de conciencia, para imponer desde las aulas un paquete ideológico que nada tiene que ver con la educación, y mucho con el adoctrinamiento.
Estamos hablando de la imposición de visiones socialistas, comunistas, feministas radicales y de ideología de género que han sido disfrazadas como “educación inclusiva”, “perspectiva de género” o “nuevos modelos pedagógicos”. En realidad, estos enfoques promueven valores que contradicen profundamente las convicciones de millones de familias mexicanas, especialmente en Nuevo León, donde la mayoría de los ciudadanos creemos en la familia natural, la dignidad humana, la libertad religiosa y la responsabilidad individual.
Nos dicen que esto es por el bien de los niños, que es para crear una sociedad más justa y libre. Pero ¿qué libertad hay cuando se le niega a los padres la posibilidad de opinar sobre lo que sus hijos aprenden sobre sexualidad, ideología, religión o valores? ¿Qué justicia hay cuando se callan las voces disidentes y se acusa de “retrógrada” o “intolerante” a quien simplemente pide respeto por sus creencias?
Hoy, desde el poder federal, se están promoviendo libros de texto cargados de ideología política e incluso contenido sexual inapropiado, sin consultar a los padres, sin transparencia y sin rendición de cuentas. Se están implementando programas de “educación emocional” o “identidad de género” que buscan desdibujar el rol del padre y la madre, promover confusión en la infancia y normalizar valores ajenos a nuestra cultura.
Esto no es progreso, es ingeniería social desde el Estado. Y lo más grave es que se hace en nombre de la “igualdad” y los “derechos”, cuando en realidad lo que se está haciendo es quitarle a los padres el control legítimo sobre la formación de sus propios hijos.
Como exdiputado, conservador y padre de familia, defiendo con toda claridad el derecho primario de los padres a decidir cómo y con qué valores educan a sus hijos. El Estado está para apoyar, no para sustituir. La escuela debe enseñar ciencias, matemáticas, historia y civismo, no ideologías que dividen y confunden.
Las familias de Nuevo León tenemos una profunda raíz de valores: creemos en el trabajo, la libertad, la fe, la vida y la responsabilidad. No vamos a permitir que desde un escritorio en la Ciudad de México se nos diga cómo criar a nuestros hijos. No vamos a quedarnos callados mientras se suplanta nuestra autoridad con decretos ideológicos.
Hoy más que nunca, es momento de levantar la voz, de organizarnos, de exigir a nuestros legisladores y gobiernos locales que protejan la soberanía de las familias y rechacen la imposición ideológica en las aulas. No estamos en contra de la educación, estamos en contra del adoctrinamiento. Queremos escuelas, no centros de propaganda.
La educación comienza en casa. Y nadie, absolutamente nadie, tiene más derecho sobre un hijo que sus propios padres. Esa es la base de una sociedad libre. Y esa libertad no se negocia.
Por Carlos Leal, exdiputado local de Nuevo León